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Creo que la primera preguntar sería si es necesario educar para la ciudadanía y la segunda quién debería hacerlo. En relación con la primera parece, a la vista de cómo está el personal, que es imprescindible; se han perdido los valores ciudadanos de respeto, tolerancia y civismo. En relación con la segunda, en un Estado aconfesional parece que es el Parlamento el que, elaborando las leyes oportunas -para eso es el poder legislativo- tiene esa misión. Los intereses educativos particulares deberían desarrollarse en el ámbito estrictamente privado; nuestra Constitución y nuestro Sistema Democrático garantizan este derecho.
Entonces, ¿qué puñetas – no me diréis que no soy fino- pretenden algunos padres, algunos políticos y la Conferencia Episcopal?. ¿Quieren seguir con unos privilegios que ya no deberían tener cabida en nuestro Sistema?.
Otra historia es que el contenido de esa asignatura obligatoria deba ser consensuado por los grupos políticos, al igual que las demás, para no tener que estar cambiando sistemas educativos y, por tanto, contenido de las asignaturas cada vez que un grupo accede al poder. Eso es mucho pedir para estos políticos de miradas cortas y egos largos.