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Al hilo de la demanda de consenso entre Zapatero y Rajoy por el “asunto” de ETA, una reflexión:

En una sociedad desarrollada como la nuestra y en un sistema democrático como el nuestro, no entiendo porqué tiene que haber consenso, en general, y consenso político, en particular.

En la etapa de la transición de la dictadura de Franco al sistema más o menos democrático que tenemos -etapa ya superada aunque les pese a algunos- estaba justificado, por el riesgo de involución, un consenso generalizado entre los grupos políticos. Y funcionó. Actualmente no tiene sentido.

Es normal, lógico y sano que los ciudadanos -naturalmente incluyo también a los políticos- discrepen y, si las diferencias son sustanciales, importantes, no lleguen a un acuerdo. No es necesario para la marcha de un país el consenso; el Parlamento, el Gobierno y los jueces en la aplicación de las leyes, son suficientes para que funcione.

Discrepar es algo propio de personas reflexivas y, por tanto, deseable en una sociedad donde la libertad de pensamiento y de expresión se constituyen en pilares principales. Salvo en situaciones de emergencia, y no es el caso, no tiene porqué existir consenso.

No tiene sentido consensuar la aplicación de las leyes porque entonces también lo tendría consensuar no aplicarlas.

Otra cosa es que la falta de acuerdo no se obtenga por las discrepancias entre los políticos y sí por el afán mísero de llevarse los votos.

Desde hace tiempo observamos cómo se intenta, desde ámbitos políticos y sociales, diluir la responsabilidad individual justificando comportamientos agresivos contra la sociedad como una “consecuencia lógica” de la opresión que esta ejerce sobre el individuo.

Cuando un alumno no estudia, dicen que lo hace por rebeldía contra el sistema; cuando un etarra mata, dicen que lo hace forzado por la imposición de un sistema político antidemocrático; cuando alguien comete actos incívicos, dicen que lo hace por la frustración de no tener trabajo ni dinero; en caso de malos tratos, es por la presión a que estaba sometido el infractor, etc.

Nadie es responsable de nada. Todo es consecuencia de una sociedad injusta que favorece la opresión y el desarraigo.

La consecuencia es inmediata: no podemos solucionar nada, solo tolerar y “comprender”. Dicho de otro modo, tenemos que resignarnos a vivir soportando injusticias de todo tipo, desde las más sutiles a las más evidentes, para no parecer ciudadanos aislados o marginados del sistema. Y encima, deberíamos sentirnos culpables.

Cuando una persona agrede, ensucia, insulta y no cumple con unos preceptos cívicos mínimos, ella es la única responsable, y es un derecho y un deber de la propia sociedad no dejarse coaccionar y responder con los medios legales que tiene a su disposición.

La tolerancia de una sociedad democrática se refiere a las ideas, a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión, pero nunca a comportamientos que atentan contra los derechos de los ciudadanos, y si la propia sociedad no responde a los compromisos que tiene con los individuos, esto no justifica nunca los desmanes de aquellos. Existen medios para gestionar quejas, insatisfacciones, agravios e injusticias de forma democrática y legal.

La responsabilidad de nuestros comportamientos es individual, personal e intransferible, y las consecuencias de estos comportamientos, también, aunque a veces algunos políticos miren hacia otro lado para no exigir esas responsabilidades y perder los votos de los que están todos cautivos.

Que yo sea “yo y mis circunstancias” no me exime de mis responsabilidades.

Amén.

Desde tiempo inmemorial los políticos creen que el país es como un cortijo que ellos administran a su antojo.

Desde el enorme despilfarro económico hasta las actuaciones de las que no dan cuenta, pasando por la creación de puestos innecesarios en la administración para colocar a sus babosos, los políticos, desde siempre, mienten, ocultan y engañan a la opinión pública apañando, a sus espaldas, un tinglado de corte mafioso que impide el normal ejercicio de las libertades.

De las últimas publicadas el acuerdo entre los sindicatos de TUSSAM -la empresa pública de transporte urbano de Sevilla- y la dirección para hacer oficial lo que ya era oficioso: solo entran en su plantilla familiares de los que ya están.

El Defensor del Pueblo ha dicho que no es legal y que tienen que recurrir a un concurso abierto o a las listas del Servicio Andaluz de Empleo. La reacción de los sindicatos ha sido amenazar con una huelga dividida en varios periodos entre los que se incluye la Semana Santa y la Feria de Sevilla.

No añado más. Lo dicho, un Cortijo.